El próximo 2 de enero de 2023 entrará en vigor el Real Decreto 487/2022 para la prevención y control de la legionelosis. En él se establecen una serie de obligaciones a los titulares de instalaciones que podrían ser afectadas por legionella. A continuación desgranamos algunas de las obligaciones del Real Decreto 487/2022:
- Realizar un análisis de las instalaciones para identificar los riesgos de legionella.
- Implementar medidas de control adecuadas para prevenir o eliminar el riesgo de legionella.
- Llevar a cabo un programa de limpieza y desinfección adecuado.
- Realizar un seguimiento y una evaluación periódicos de las instalaciones para asegurarse de que se mantienen seguras.
- Registrar y notificar cualquier caso de enfermedad por legionella a las autoridades sanitarias.
- Cumplir con cualquier otra obligación establecida por el real decreto.
- Las medidas de control y las normas de limpieza y desinfección deberán estar documentadas y deberán ser accesibles para todos los trabajadores y usuarios de la instalación.
- Los titulares de las instalaciones deberán asegurarse de que todos los trabajadores y usuarios de la instalación están familiarizados con las medidas de control y las normas de limpieza y desinfección.
- Los titulares de las instalaciones deberán asegurarse de que se llevan a cabo las revisiones periódicas y las evaluaciones de las instalaciones de acuerdo con el programa establecido.
- Los titulares de las instalaciones deberán notificar inmediatamente a las autoridades sanitarias cualquier caso de enfermedad por legionella.
- Los titulares de las instalaciones deberán permitir el acceso de las autoridades sanitarias a las instalaciones para realizar inspecciones y evaluaciones, si así se lo requieren.
- Los titulares de las instalaciones deberán asegurarse de que se cumplen las obligaciones establecidas en el real decreto. En el caso de que se incumplan las obligaciones establecidas en el real decreto, se podrán imponer sanciones administrativas que van desde multas de hasta 300.000 euros, hasta el cierre de la instalación. Los titulares de las instalaciones también serán responsables de los gastos incurridos por las autoridades sanitarias para investigar y controlar cualquier caso de enfermedad por legionella.
